Una noticia nacional muy importante que nos va a afectar a nivel local ha ocupado muchos menos titulares de lo que merece en los medios de comunicación. Porque el acuerdo alcanzado el pasado 3 de agosto entre Gobierno Central y Federación de Municipios y Provincias (FEMP), supone la aceptación de la propuesta del Ministerio de Hacienda para la liberación de los remanentes y el uso por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez del superávit de los Ayuntamientos.
Ha sido un acuerdo muy polémico en el seno del ente supramunicipal y se ha evidenciado una fractura total, ya que el PP, Junts per Catalunya y Ciudadanos votaron en contra y, ante el empate a 12 votos, el voto de calidad del presidente de la federación, el socialista Abel Caballero, determinó que prosperase esta iniciativa.
¿Y qué supone esta “fórmula imaginativa”, según la ha denominado la propia ministra de Hacienda María Jesús Montero? El quid de la cuestión es la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, que aprobó en 2012 el gobierno de Mariano Rajoy para evitar que los Ayuntamientos incurrieran en déficit. Estableciendo por ello un techo de gasto máximo, con lo que muchas corporaciones locales no han podido en estos años gastar el dinero de sus superavits.
Según el Gobierno, para facilitar a los Ayuntamientos el acceso a los ahorros que han acumulado en estos años, la ministra Montero, haciéndole un quiebro a la Ley de Estabilidad, ha propuesto básicamente que los Consistorios den de forma voluntaria un préstamo a favor del Estado por el importe de sus remanentes, unos 15.000 millones. Con este dinero el ministerio les realizará un ingreso de 5.000 millones entre 2020 y 2021. El resto del préstamo, unos 10.000 millones, lo devolverá en 10 años. Eso sí, el dinero entregado de esta manera tendrá que invertirse en movilidad sostenible, servicios sociales y cultura y no a otras necesidades.
La medida no ha sentado nada bien en el Ayuntamiento de Marbella, a pesar de que la ministra Montero ha dicho que “la adhesión a este fondo de 5.000 millones para reforzar los servicios sociales o impulsar un desarrollo sostenible es voluntaria”. La alcaldesa Ángeles Muñoz, ha calificado de “chantaje y mazazo a la autonomía municipal” este acuerdo, recordando que Marbella cuenta con un ahorro de 36 millones de euros, “muy necesarios para afrontar la difícil situación generada por la crisis sanitaria y económica del Covid-19”. A este respecto, Muñoz ha apuntado, además, que los consistorios “deberían poder tener acceso a esos 140.000 millones de euros en fondos europeos que va a recibir el Ejecutivo de la nación para dar salida a las necesidades de los municipios”.
Para la alcaldesa, esta resolución “es un auténtico robo y abre la vía a que el Gobierno central meta la mano en el ahorro de los Ayuntamientos para poder sufragar sus políticas”, al no haber tenido “ninguna previsión” en este aspecto. Por otra parte, ha tildado de “injusticia, falta de sensibilidad y discriminación” el hecho de que las administraciones locales del País Vasco “sí puedan disponer de su superávit” y el resto no. “Ahora es cuando realmente precisamos de esos ahorros y el Estado lo va a impedir al cien por cien”, ha lamentado la primera edil.
A este respecto, en el pasado Pleno Ordinario de Junio, Opción Sampedreña (OSP) advirtió a la alcaldesa del acuerdo que se iba a firmar con la FEMP. “Presentamos una enmienda a la propuesta del PP en la que, si el Gobierno Central exigía el superávit de los Ayuntamientos, el de Marbella cancelase parte de la abultada deuda mantenida con Hacienda y Seguridad Social, reduciendo considerablemente los intereses abonados por el aplazamiento de la cantidad pendiente y por ende una mejora de las arcas municipales. En ese pleno, el Grupo Popular, con Ángeles Muñoz a la cabeza, rechazó nuestra enmienda y por tanto la posibilidad de llevarla a cabo”, han explicado desde OSP.