El equipo de gobierno municipal presidido por la alcaldesa Ángeles Muñoz ha decidido rechazar en el Pleno celebrado este viernes la Moción del Grupo Municipal Socialista instando al Ayuntamiento a restaurar el Régimen de Protección del Castillo y su Entorno que había estado vigente hasta el 5 de marzo de 2024.
El PSOE ha recordado en la defensa de esta moción que en esa fecha la Junta de Gobierno Local presidida por Muñoz aprobó quitar el artículo 240 de las Normas Urbanísticas. Un punto que estipulaba que no se darían licencias de obras en Casco Antiguo más allá de la mera conservación de inmuebles. Una medida que la concejala socialista Isabel Pérez ha asociado al polémico proyecto de construcción de apartamentos de lujo dentro del Castillo.
“El Castillo es un Bien de Interés Cultural (BIC) y en 2007 se reforzó esa protección con el artículo 240 para garantizar que solo se pudieran realizar obras de conservación. Recientemente hemos sabido que en marzo se ha levantado esa protección derogando el artículo 240 y queremos que el Ayuntamiento retome esas protecciones levantadas”.
Sobre el procedimiento por el que se levantó este artículo, desde VOX la concejal María Cruz Terriza ha recordado que “la suspensión del 240 supone una modificación sustancial de las Normas Urbanísticas que no se puede hacer en una Junta de Gobierno Local. Por tanto, no se ha hecho de forma adecuada. Tendría que haber ido a Pleno, con periodo de consultas y alegaciones”.
De hecho, la Plataforma por la Defensa del Patrimonio Histórico, una entidad que engloba a diversos colectivos como Marbella Activa, Cilniana, el PSOE o la Asociación de Comerciantes y Profesionales del Casco Antiguo de Marbella, ha interpuesto un recurso por lo Contencioso administrativo ante Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia de Andalucía, por considerar ilegal la anulación del artículo 240 aprobada en la Junta de gobierno Local del 5 de marzo de 2024.
Según el escrito, al que ha tenido acceso este periódico, la nulidad del artículo 240 “constituye una modificación del propio PGOU y no se puede modificar con un simple acuerdo de una Junta de Gobierno Local. Por tanto sólo podrá modificarse conforme a la tramitación prevista para modificar los planes generales”.
Por tanto, el recurso estima que la suspensión del artículo 240, que permitirá obras de construcción e inversiones en el Casco Antiguo, “ha sido aprobado por un órgano manifiestamente incompetente, hurtando las competencias que son propias del Pleno municipal del Ayuntamiento”.
Por su parte, el concejal de Urbanismo José Eduardo Díaz ha defendido la postura del equipo de gobierno municipal asegurando que, con la derogación del artículo 240, “no se elimina ninguna protección, se mantienen las mismas protecciones que había. Esta medida servirá para regenerar el Casco Antiguo y servirá, entre otras cosas, para evitar que se caigan las casas viejas, ya que también se agilizarán los trámites administrativos”.
Díaz no ha querido aclarar la legalidad del modo en que se anuló el artículo 240. Eso sí, ha defendido que el proyecto de promoción inmobiliaria dentro del Castillo es compatible con la protección de esta parcela histórica. “La Casa del Gobernador fue totalmente transformada a mediados del siglo XX y la intervención planteada respeta el edificio existente y supone poner en valor la finca”.
El concejal de Urbanismo ha concluido su intervención en el Pleno asegurando que “desde el Ayuntamiento nos vamos a esforzar para que el patio del Castillo tenga uso publico, que se rehabiliten las murallas y que se lleve a cabo un estudio arqueológico para conocer todas las capas históricas de ese espacio”.