Decía Margaret Mead, antropóloga y poeta estadounidense, que ‘nunca dudáramos que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueden cambiar el mundo, de hecho son los únicos que lo han logrado’.
Algo de lo que no es suficientemente consciente la ciudadanía que piensa que no merece la pena movilizarse; bien porque están acostumbrados a unos gobernantes que no suelen escuchar la voz del pueblo, bien porque hay una mayoría alojada en una baja autoestima social que cree que contra los poderes fácticos hay poco que hacer.
No nos olvidemos que como ciudadanos tenemos ciertos derechos y obligaciones a ejercer libremente esa ciudadanía: a expresar nuestra opinión, a participar activamente en la vida pública, a la fiscalización de la acción de gobierno, a proponer o denunciar aquello que estimemos oportuno. No es suficiente con echar la papeleta cada cuatro años, el que vota claro. Esa ciudadanía pasiva no puede construir democracias saludables. La sociedad civil es fundamental como garante de los pilares de cualquier sociedad moderna.
Afortunadamente un grupo de ciudadanos y colectivos se han unido para ejercer ese derecho creando una plataforma que pare la instalación de siete torres de alta tensión que atraviesan un paisaje único con alto valor ecológico y patrimonial junto al castillo de Montemayor de Benahavís, una fortaleza con un origen remoto que puede remontarse al 1.000 a. C. y declarada Bien de Interés Cultural. Desgraciadamente se han encontrado con la negativa de su gobierno local y el silencio de su población y de una oposición que a día de hoy aún no ha pedido un pleno extraordinario para discutir esta nefasta actuación.
Un castillo y un paraje singulares cuya defensa ha reunido a más de 40 colectivos y ciudadanos, además de las 800 firmas que lo han apoyado en Change.org. Han tenido que unir voluntades precisamente porque el que tiene el deber de protección de su medioambiente y de su territorio, el gobierno local del ayuntamiento de Benahavís, no solo no se opuso valorando otras alternativas como las que propone la plataforma sino que ofreció todo su apoyo y parabienes al proyecto aprobando un informe medioambiental positivo.
El gobierno municipal de José Antonio Mena frente a esta lógica reacción ciudadana no solo no ha ejercido su competencia para reconducir el proyecto con la compañía eléctrica hacia otra alternativa más sostenible sino que su alcalde y el equipo de gobierno han mostrado su talante más autoritario manipulando de forma burda la opinión pública con medias verdades, intentando neutralizar las reivindicaciones de una plataforma plural y desviando la atención para difamar a los propietarios de los terrenos que tras muchas generaciones solo quieren que el paisaje se mantenga intacto y sin depredar por gigantescas torres de alta tensión ni por la especulación urbanística a la que desde luego el propio ayuntamiento no ha puesto freno en todos estos años, alejando de un modelo de desarrollo sostenible de su municipio.
Un alcalde, o un linaje ‘Los mena’ que se remonta ya a 26 años. Demasiados años ostentando el poder sin ser consciente que existe una población con mayoría extranjera, un 63%, que a diferencia de los españoles, están bastante sensibilizados con el tema medioambiental y son conocedores de los efectos de las líneas de alta tensión y sus campos electromagnéticos en la salud. Un efecto al que se une los daños a las aves (cada año más de 30.000 aves mueren por colisión o por electrocución con cables de alta y baja tensión en el Estado español)junto al impacto paisajístico y medioambiental que está llevando a soterrar cableados en Europa y en España, sobre todo en núcleos urbanos. Incluido el ayuntamiento de Benahavís que lo ha regulado en su actual PGOU.
No están locos estos quijotes ciudadanos que ven enormes gigantes capaces de destrozar un entorno natural privilegiado, están locos quienes no vean que nuestro paisaje único debemos protegerlo de toda agresión.
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