La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha anunciado hoy la puesta en marcha de la nueva Unidad de la Vivienda, que nace con el objetivo de favorecer la construcción de 700 inmuebles públicos a lo largo de esta legislatura, según se contempla en el plan municipal de este ámbito. La regidora ha señalado, tras la celebración de la Junta de Gobierno Local, que este departamento del Ayuntamiento permitirá el impulso de promociones de protección como la proyectada en la zona sur de San Pedro Alcántara, entre otras previstas para este mandato, y actualizar y ampliar el Registro Municipal de Demandantes de Viviendas, herramienta imprescindible para que los vecinos puedan acceder a este tipo de inmuebles.
En este sentido, la primera edil ha recomendado a los ciudadanos interesados y a los que ya están inscritos a que se apunten o actualicen sus datos para que puedan acceder a las futuras promociones, dado que la entrada en vigor del nuevo decreto de simplificación de la Junta de Andalucía flexibiliza los requisitos e incrementa las oportunidades de acceder a viviendas protegidas y “teniendo en cuenta, además, que este registro tiene un carácter temporal de tres años y pasado este tiempo la inscripción debe renovarse ya que, en caso contrario, la persona causaría baja del mismo”.
“Hace unas semanas teníamos todo preparado para informar sobra la nueva promoción en San Pedro Alcántara, pero con la entrada en vigor del decreto andaluz decidimos ajustar nuestra normativa en materia de vivienda”, ha apuntado Muñoz, quien ha manifestado que el objetivo pasa “por reactivar el mercado de vivienda asequible para hacerlo atractivo tanto para los promotores como para que nuestros vecinos se puedan beneficiar de los nuevos requisitos que se contemplan para la compra o alquiler de estos inmuebles”.
A este respecto, la normativa autonómica permite que se pueda ampliar el número de ciudadanos que pueden optar a estas viviendas pues, entre otras cuestiones, modifica el cálculo de ingresos máximos, que en el caso del régimen joven pasa de 2,5 veces a 3 el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Variables), y en el general se eleva del 4 al 5,5 del IPREM. Asimismo, flexibiliza los casos en los que los dos miembros de la pareja trabajan y contempla la modificación del visado del contrato por una declaración responsable del promotor para eliminar cargas administrativas.