Durante los últimos años la política cultural se ha centrado en una oferta de espectáculos y actividades muy valorada. Esa oferta de innegable calidad y el apoyo de una red societaria de vocación conservadora han protegido a la Delegación de Cultura de cualquier cuestionamiento. De forma paralela, el oportunismo institucional que presenta como propias iniciativas impulsadas por actores externos, si bien complacientes con la agencia oficial, justifican el silencio –generalizado—ante la exclusión de actuaciones sobre la Historia y el Patrimonio local, al menos, en los últimos años.
Pero de la inhibición, el olvido y la apatía se ha pasado, según las denuncias de Impulsa Ciudad, a la ofensiva. Ni siquiera parece necesario, dada la desmovilización y el recurso al blanqueamiento, disimular que intereses priman sobre los del Patrimonio y su función social: los de los apoyos políticos del Partido Popular.
El confinamiento de programas formativos no es algo imputable en exclusiva a esta corporación. Pero si lo es que se haya agudizado esa práctica, una vez dotados esos servicios de equipamientos propios y de usos determinados. El traslado de esas ofertas a espacios cada vez más periféricos y poco adecuados a sus funciones comenzó en la era GIL cuando se desterró del centro el Teatro y la Escuela de Cerámica fue cedida a una cofradía. Después le siguió el Conservatorio. El esperado traslado del programa de Educación de Adultos Municipal fue decepcionante. La antigua Universidad Popular, cada vez más abandonada desde el punto de vista de la gestión pedagógica y administrativa, acabó realojada en un espacio sin ventanas y con ventilación artificial. Sería injusto ignorar el versus del proceso: la recuperación del Hospital de San Juan de Dios y anteriormente del Cortijo Miraflores. La función industrial de este inmueble, construido a principios del siglo XVIII, como molino de aceite y trapiche azucarero aparece perfectamente definida en el Catastro de Ensenada (1752). Propiedad de los herederos de la familia Domínguez hasta los años setenta, fue adquirida por el Ayuntamiento de Marbella en 1990.
A partir de ese momento sufrió un deterioro imparable y el saqueo de algunos de sus elementos patrimoniales.
En todos los grupos humanos, no exclusivamente en los nacionales, se generan relatos míticos, fundamento de sus identidades. En el fundacional de Cilniana está la salvación del Cortijo de Miraflores, algo de lo que siempre he dudado. Por el contrario, Cilniana debe su existencia a un video realizado sobre el Cortijo por el alumnado de la Escuela de Adultos en el marco de una actividad organizada por el historiador Francisco Cantos Moyano (1996). Aquellas imágenes fueron el revulsivo para la organización de grupos que dijeron No a la barbarie: No a la destrucción del Trapiche, No a la desaparición de la Colonia de El Ángel, No al deterioro del casco antiguo…. No al expolio de piezas arqueológicas, No al olvido del Trapiche del Guadaiza… No creo que ese “No” influyera en la decisión de mantener el inmueble. El clamor por su conservación le importaba al alcalde de entonces lo mismo que le importa a los actuales gobernantes el Convento de la Trinidad, la rueda hidráulica del Trapiche, las piezas arqueológicas que van de un lado a otro sin encontrar su lugar; los libros del Hospital Bazán a la venta en internet, los altos hornos de la Concepción o el “parque arqueológico de Guadalmina”.
Poco se podía hacer en la reducida parcela del Cortijo. Asfixiado su corazón por un bosque de cemento, no cabía el uso residencial en un barrio popular sin servicios y alejado de las zonas de más alto nivel social o terciarizadas. Y el alcalde asumió su conservación.
El asunto, en manos del alquimista que trasformaba el suelo publicó en dinero incontrolable, terminó en los tribunales. Para la ejecución de las obras, presupuestadas inicialmente en 2.127.105,13 euros, cuantía incrementada posteriormente en un 60%, firmó un convenio con una empresa 2000. Sin embargo, según el Informe de Fiscalización, no constaba la existencia de la ejecución de esas obras ni la contabilidad de las mismas. La sentencia firme del Tribunal de Cuentas (2010) condenó por perjuicios a los caudales públicos del Ayuntamiento de Marbella al técnico y al concejal que habían actuado en relación a las obras de rehabilitación del Cortijo (Procedimiento de reintegro por alcance nº A92/07). En el marco del caso Malaya la Fiscalía solicitó a dos empresarios, a Julián Muñoz y a Roca el pago de dieciocho millones de euros por los daños causados a las arcas municipales en relación a la ejecución de varios convenios, entre ellos, la restauración del inmueble (Marbella Confidencial, 21 de abril de 2018). No parece, pues, que Cilniana tuviera mucho que ver con unas obras resultado de los intereses de empresas clientes.
De esta cultura especulativa emergió lo que la propaganda gilista definió como un “Parque Arqueológico”, inaugurado en 2000. Nunca ha sido tal. Si bien se admitió la aparición en el recinto de los restos de una ermita rupestre (siglos VIII a X) y de cinco hornos del antiguo trapiche, se obvió cualquier intervención sobre el hallazgo.
Sí fue determinante la contribución de Cilniana a la conversión del Cortijo en un centro con vocación social, cultural y comunitaria. Se hizo a partir de la investigación y divulgación de su historia, morfología y funcionalidad. De ello da fe el conjunto de trabajos publicados entre 1996 y 2009 sobre el edificio, sus jardines y sus moradores: Antonio Romero (Cilniana, 1996); Blanca Lasso de la Vega (Cilniana, 1997); Francisco López González (Cilniana, 1997); José Luis Casado (Cilniana, 2002 y 2003) y Antonio Luna Aguilar (Sur, 29 de noviembre de 2009).
La Asociación dio contenido al Cortijo en unos años de sequía cultural. Pero, sin duda, fue la gestión de Francisco Javier Moreno Fernández, responsable de Cultura en la Gestora Municipal (2006), la que convirtió un espacio sin significado en referente de la política patrimonial. A Moreno le debemos la existencia de la dotación de un equipamiento digno al Archivo Municipal. La documentación histórica, abandonada en depósitos inmundos, fue recuperada a principios de los ochenta. Tras un complicado periplo, encontró su lugar bajo un artesonado mudéjar. La producción historiográfica que ha bebido de esas fuentes demuestra que el patrimonio documental de Marbella ha sido, sin duda, el más afortunado. No ha corrido la misma suerte –ya no merece la pena repetirlo— el patrimonio industrial azucarero. La Delegación de Cultura, en respuesta a una denuncia de Cilniana, cubrió los hornos descubiertos en la zona trasera del Cortijo, en 2009. Según su titular como medida provisional y preventiva hasta su integración en el itinerario de un espacio museístico (Sur, 29 de abril de 2009).
Por provisionalidad, cuando una actuación se refiere al Patrimonio Histórico, se entiende al aplazamiento de una década. Y por espacio museístico se entiende la exposición de una muestra de restos. Una “Sala Arqueológica” que la alcaldesa, en la línea mesiánica del discurso gilista, aseguró equivocadamente que era la primera que había existido en la ciudad. Sería un atractivo más que invitaba a divulgar su historia(Málaga Hoy, 8 de abril de 2011).Precisamente en los años 2008 y 2009 el Archivo Municipal se consolidó con la organización, de la mano del Centro de Profesores Marbella-Coín, la Asociación Cilniana, el Grupo de Investigación “Historia del tiempo presente” de la UMA y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, de unos ciclos de conferencias históricas. Fue una estrategia de resistencia en la que se implicaron muchos actores y varias instituciones para evitar que el Cortijo se destinara a recepciones protocolarias.
En el acto de presentación de la “Sala Arqueológica”, en presencia de Carlos Posac, descubridor de la Villa Romana, la alcaldesa y la responsable de Cultura hicieron público su compromiso con el uso cultural, patrimonial y social del edificio (2011). Es difícil entender porque en el caso concreto del Patrimonio y la Historia, los políticos se traicionan así mismos y nadie les reprocha su impostura.
La “Sala Arqueológica” no es la primera, es la que ha sustituido a la expoliada por el gilismo que contaba con piezas actualmente desaparecidas. La muestra no es representativa de la historia de la ciudad pues los restos existentes apenas cubren la antigüedad.
El Cortijo es un equipamiento cultural imprescindible pero no es un museo. Marbella no tiene museo municipal, no lo tiene y no existe ningún plan director para que lo tenga. Dudo que exista ni siquiera un inventario de las obras de Arte que procedente de la Bienal de Arte podrían formar parte de cualquier colección museística. Las posibilidades de que el Convento de la Trinidad albergue un Museo de la Ciudad, tal y como se ha anunciado en la prensa, son remotas (Sur, 25 de mayo de 2019). Primero porque las obras hace meses que están paradas y después porque un proyecto museístico necesita de un estudio previo que defina su naturaleza. Y ese estudio solo es abordable desde un equipo profesional interdisciplinar integrado por investigadores; arqueólogos, antropólogos, historiadores del Arte. Y, en último lugar, porque no existe una política para la recuperación de las piezas perdidas ni para la adquisición del material primario que integraría ese supuesto museo ¿Por qué se venden quimeras?
Estos discursos propagandísticos tienen la finalidad de deslegitimar cualquier oposición a la política cultural, a desmovilizar a grupos críticos con la gestión del Patrimonio y a desviar la atención de soluciones posibilistas que nunca han sido aplicadas
Los hallazgos arqueológicos en el Cortijo de Miraflores no han sido valorados. Muy pocos conocen la existencia de los cinco hornos que permanecen ocultos. Nunca han sido integrados como elementos patrimoniales de ese recinto. Sin llegar a tener la importancia del de la Inquisición, la del trapiche de Tomás Domínguez no puede ser minusvalorada.
El 28 de junio de 2019 fue presentado a la Delegación de Cultura un proyecto de recuperación de la cocina de la fábrica azucarera por parte de un equipo dirigido por el experto en arqueología del azúcar, Jesús González Ruiz, artífice de la recuperación del Ingenio de la Palma en Motril. Se trata, este, de un centro de interpretación creado a partir de restos arqueológicos que sólo existen a ras de suelo. Restos por tanto incomparables a los espacios productivos del azúcar que se conservan íntegros en Marbella. La recuperación de esas estructuras completaría, la recreación del molino de aceite y daría sentido y realidad al “espacio museístico”. No hay noticias de que el proyecto haya sido asumido. Y ese programa patrimonial no es una quimera. Esos elementos estructurales no son inventados.
El viernes 18 de mayo de 2018, como actividad vinculada al Día Internacional de los Museos, se abrió por primera vez al público, con carácter excepcional, durante unas horas un local destinado a la recepción de piezas arqueológicas. Un espacio que según las noticias aparecidas en la prensa era imprescindible para la consolidación y reconocimiento de la “colección arqueológica” (Sur, 25 de mayo de 2018). Pues bien, ese espacio, publicitado como un gran logro de la política patrimonial, ya no es imprescindible. Lo necesita una asociación de amas de casa contra la que no tengo el más mínimo agravio. Sin embargo, lamento que su adhesión a la alcaldesa, como antes a Jesús Gil, se premios, a costa de las parcas actuaciones encaminadas a apoyar la modesta colección arqueológica.
Mucho más grave es la amenaza, también denunciada por Impulsa Ciudad, que pesa sobre la Sala de Lectura del Cortijo de Miraflores. Es uno de los equipamientos culturales de mayor funcionalidad social. Es utilizado por los jóvenes estudiantes del barrio, por lectores que buscan el silencio que no siempre existe en los hogares, por personas que preparan oposiciones y por pensionistas que no pueden pagarse un café en las terrazas del barrio, que por cierto han fagocitado los asientos gratuitos.
En una ciudad en la que cada semana se presenta un libro y en la que todo el que escribe pública, resulta contradictorio que una asociación religiosa arrebate un espacio a la lectura. Es una afrenta a la cultura y a los servicios que por su carácter público deben ser civiles. Y no es la primera vez que Dios arrebata al César lo que es del César.
En las parroquias de Marbella hay locales destinados a su acción social. En el centro histórico la Iglesia utiliza, cada vez con mayor frecuencia, el espacio urbano como escenario de su liturgia. Ni siquiera las murallas del Castillo se liberan del atrezo religioso. Una de las ciudades españolas en la que conviven mayor número de nacionalidades y religiones parece cada día más trentina.
Ninguna corporación ha cuestionado la subvención dada, como a cualquier asociación civil, a las religiosas. Durante el Tripartito las más altas asignaciones correspondieron al culto a San Pedro Alcántara –no me extraña, pues, el fallido proyecto autonomista—. Dos cofradías de Marbella alcanzaban en 2016 asignaciones superiores a los 8.000 euros. El apoyo institucional a los católicos no es solo económico. La televisión pública municipal retransmite a diario la misa y cubre cada una de las liturgias, ritos y ceremoniales de una confesión que no es la única en la ciudad. ¿Qué necesidad religiosa justifica la voracidad sobre la función social del Patrimonio? ¿Por qué esa rapacidad en una ciudad en la que hay tanto apoyo para rezar y tan poco para leer?