La iniciativa del historiador Francisco Javier Moreno en defensa de la Alcazaba de Marbella, ha tenido un apoyo ciudadano tan inesperado como excepcional. El poliédrico perfil de los firmantes del Manifiesto demuestra la existencia, si bien pocas veces exteriorizada, de una sensibilidad capaz de superar el partidismo. Por eso llama la atención la ausencia de responsables de Cultura, de los poetas áulicos y de los cargos de confianza y sus adláteres. No es menor el significado de la admisión a trámite de la denuncia, avalada por más de seiscientas firmas, presentada al Defensor del Pueblo Andaluz. La principal función de esta especie de Tribunus Plebis es garantizar el cumplimiento de los derechos constitucionales de la ciudadanía. Se solicita, como en este caso, su intervención cuando los derechos ciudadanos de comunidades o particulares son vulnerados por las administraciones públicas.
El hecho de que la defensa del patrimonio histórico de Marbella haya sido confiada a una intermediación ajena al Ayuntamiento es suficientemente indicativo de la total ausencia de una política institucional patrimonial. Lo que deja totalmente vacío de contenido la fantasmagórica Unidad de Patrimonio y sin la más mínima competencia en el tema a los dos directores generales de Cultura. Ambos se inhiben ante la más bárbara de las agresiones al patrimonio histórico porque la única y verdadera responsable de Cultura es la alcaldesa. Y allí donde se produce un conflicto entre la protección y conservación del patrimonio y los intereses urbanísticos, empresariales o particulares, Muñoz no se pone precisamente de parte del primero. Por el contrario ha premiado a sus apoyos a costa de una descarnada enajenación de espacios culturales a favor de cofradías y asociaciones clientes como la que titulariza el local del que ha sido desplazada nuestra modesta colección arqueológica. Unas piezas que debían formar parte de un museo reiteradamente prometido. Esas promesas han resultado tan falsas como se revelarán las del último comunicado sobre el Trapiche del Prado –emitido en plena campaña de apoyo al castillo— en el que anuncia un nuevo retraso de las obras de la residencia y la creación de un centro de interpretación de la arqueología del azúcar. Para avalar un discurso recurrente cuya primera emisión data de 2008 se ha hecho acompañar sucesivamente de cargos de confianza”»expertos en arqueología industrial”, por los familiares del donante de la parcela y ahora por usuarios de centros de mayores (Actualidad municipal, 15 de julio de 2024).
No es la defensa del Patrimonio el único conflicto en el que la administración municipal es el adversario y no el aliado de los derechos ciudadanos. La extenuante lucha de la comunidad de vecinos enfrentada a las molestias causadas por la discoteca Opium es un caso paradigmático.
La normalización del abuso a favor de intereses empresariales y la impunidad de cargos públicos bajo sospecha están tan interiorizada en Marbella que la reacción frente a la construcción de alojamientos turísticos en el Castillo, al menos, ha alterado ciertos espacios de confort. Sobre todo, ese movimiento de la sociedad civil ha puesto de manifiesto que el fenómeno de las viviendas turísticas es simplemente depredador y no se detendrá hasta qué, agotada, la burbuja de la codicia estalle.
La destrucción de la duna del Barronal de la Morena nos hace temblar ante lo que pueda pasar en Puerto Rico. Sobre el patrimonio histórico y el natural se cierne la misma amenaza que sobre la convivencia ciudadana: la despreocupación de los promotores y propietarios de viviendas turísticas, tanto por lesionar espacios protegidos como por vulnerar el derecho ciudadano a vivir en armonía con el entorno.
Marbella tiene una de las más altas tasas de viviendas turísticas de España (Instituto Nacional de Estadística y Banco de España). Pero según la alcaldesa eso no incide en el mercado de la vivienda. Su “análisis” se centra en los flujos migratorios estacionales protagonizados por extranjeros residentes que en los meses tórridos se trasladan a su país a tomar el fresco. Según ella, un 50% de propietarios de pisos turísticos son extranjeros –como si la nacionalidad determinara la naturaleza del problema—. En gran parte, pues, es la comunidad extranjera, la responsable de que no encuentren piso los maestros y los funcionarios de la administración pública; el personal médico y sanitario del Hospital Comarcal; los camareros, cocineros, las camareras de piso… En definitiva los trabajadores de cualquier sector, incluidos los migrantes a quienes confiamos el cuidado de nuestros mayores. Pero exculpar a los nacionales de especular con la vivienda es exculpar a sus votantes.
La interpretación de Muñoz es fácilmente rebatible a partir del Informe sobre la Vivienda elaborado por el Banco de España en 2023. Primero porque se basa en datos de 2018 y porque en su discurso no distingue entre vivienda y alojamiento turístico. La alcaldesa niega los efectos antisociales de las primeras porque sus beneficiarios son sus apoyos electorales. No es casual que la mayor concentración de viviendas turísticas se encuentre en el centro histórico, donde obtuvo el 57% de los votos, y en la periferia. Eso permite ubicar la saturación en las zonas exteriores que son las de mayor apoyo a la derecha y a la ultraderecha y las de renta más alta. En Marbella ciudad, al margen del casco urbano, la vivienda –no el alojamiento turístico— es una lamentable realidad al norte de la Autovía. Allí en todas las secciones electores, la renta es media y alta y los votos del Partido Popular superiores al 50%.
La encendida defensa de la alcaldesa de la vivienda turística (SUR, 3 de julio de 2024 y La Opinión de Málaga, 8 de julio de 2024) supone un respaldo absoluto a la libertad de acción de sus propietarios. Pero esa protección y favoritismo devienen en tal abuso sobre el vecindario que la uniformidad de las lealtades políticas en esas secciones puede resquebrarse. Y VOX siempre estará esperando a los desertores.
Hasta el momento el problema de las viviendas de uso turístico ha sido su desregularización. La publicación del Decreto 31/2024 ha corregido esa situación. La nueva normativa obliga a implantar una serie de medidas. Sin embargo elude un aspecto tan fundamental como una reglamentación que impida convertir a la vivienda turística en un espacio de ocio nocturno como de hecho viene ocurriendo.
En cualquier urbanización o comunidad de vecinos las piscinas y los espacios comunes ajardinados tienen un horario de apertura y otro de cierre. El cumplimiento al respecto es estricto. Sin embargo, paradójicamente en viviendas turísticas de esas mismas comunidades no se aplica normativa alguna: las piscinas son utilizadas, a veces, por grupos amplios de personas desde el anochecer al amanecer sin ningún tipo de vigilancia o control. Los efectos para el vecindario son demoledores. Los propietarios de estas viviendas, denominados “anfitriones” –un eufemismo que permite eludir el término hotelero— admiten ante cualquier reclamación su total incapacidad para controlar el comportamiento de unos usuarios, incorrectamente llamados “huéspedes”. No son huéspedes. Son clientes de unos establecimientos que cobran miles de euros por estancias bastante más cortas que las de tres o seis meses que Muñoz atribuye al alquiler vacacional. La incapacidad de hacer cumplir unas mínimas normas de comportamientos en espacios dedicados a una actividad económica es la causa de un conflicto para el que los responsables no proponen más solución que la intervención de las fuerzas de orden público. En definitiva convertir a la Policía Municipal en su portero de noche. Esta posición es una herencia histórica de las elites económicas: rechazo a las políticas intervencionistas del Estado regulador del desequilibrio social pero utilización de su aparato coercitivo en defensa de sus intereses.
La explotación de la vivienda vacacional se viene desarrollando bajo el espíritu del “laissez faire”. Una política que garantizada por la Administración municipal permite la colonización de las playas por hamacas a precios abusivos y legitima la ocupación de la arena, teñida ahora de color sangre, por hoteles y restaurantes. En la ciudad no limita la invasión por las terrazas de los espacios peatonales; privatiza la mayoría de los aparcamientos y tala masivamente la arboleda. En la sierra cierra caminos y veredas e impide el libre acceso a lugares icónicos como la cascada de Camoján.
La protesta es tan razonable como legitima pero no va contra el turista. No es turismofobia, es vergüenza. Esta ciudad tuvo desde 1967 uno de los primeros centros de formación turística: el Hotel Escuela Bellamar cuyo objetivo era la cualificación de cualquier profesional del turismo. En la directiva de sus hoteles no caben más que profesionales con formación superior en las escuelas de Turismo y en sus recepciones personas con capacitación profesional. Esta ciudad ha dejado hoy parte de la actividad turística en actores fuera de control y sin más exigencia de cualificación que el manejo de plataformas en internet. Sin regulación y sin una conciliación entre las partes en conflicto: la ciudadanía, el Patrimonio, el empresario y la Administración, la protesta continuará y será legítima.
Lucía Prieto
Profesora Titular del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Málaga