Tras la reclamación presentada por el Sindicato de Empleados Públicos de Málaga (SEPMA) ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, en abril de 2023, por la implantación en el Ayuntamiento del reconocimiento facial y huella dactilar como sistema de control horario, dicho Organismo inició un procedimiento sancionador contra el Consistorio.
Según adelantó el periódico Málaga Hoy, el Ayuntamiento de Marbella ha señalado que ante las “dudas” que plantea el Consejo de Transparencia, “el Consistorio ha decidido optar por retirar el sistema biométrico, que hay que recordar que era voluntario para los empleados municipales, y mantener el manual”.
Y ello pese a que considera que “el sistema biométrico en el registro de jornada es el más adecuado por las garantías que ofrece en cuanto al fraude y a la comodidad del trabajador, y a pesar de que los controles de protección de datos a los que se ha sometido el Ayuntamiento nunca han aportado ningún indicio de duda”.
Por su parte, desde el SEPMA han recordado que el expediente se ha iniciado “tras un año y medio de actuaciones previas por parte del citado Consejo, con audiencia al Ayuntamiento y tras el estudio de nuestros argumentos jurídicos, se considera que dichas medidas se oponen a la Directriz 5/2022, del Consejo Europeo de Protección de Datos y la posterior Guía de la Agencia Española de Protección de Datos”.
Dicha medida no supone sanción económica, porque el legislador ha previsto su exención a las Administraciones Públicas y, por consiguiente, solo las empresas privadas están afectadas por la condena y pago de dichas sanciones, pero sí que como conclusión del procedimiento recibirán apercibimiento obligando a la eliminación completa del uso de dichas herramientas y su sustitución por otras medidas menos invasivas.
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