El partido político Opción Sampedreña (OSP) ha rechazado rotundamente la insistencia del Ayuntamiento de Marbella de subastar, por segunda vez, una parcela de 1.700 metros cuadrados en una de las zonas de desarrollo más atractivas de San Pedro, junto al trapiche de Guadaiza. “El Ayuntamiento de Marbella, bajo la dirección de la alcaldesa Ángeles Muñoz, continúa con su cuestionable estrategia de vender suelo público en lugar de destinarlo a la construcción de vivienda asequible”, así lo ha denunciado el concejal Manuel Osorio.
Esta parcela, con capacidad para edificar unas 30 viviendas, quedó desierta en su primer intento de adjudicación. En lugar de reconsiderar su venta y destinarla a vivienda pública en régimen de alquiler, “Muñoz ha optado por rebajar su precio en un 20% para facilitar su compra a inversores privados. Una política que responde a la falta de liquidez del Ayuntamiento y no a una planificación urbanística orientada al bienestar ciudadano”, denuncia Osorio.
«No es la primera vez que la señora Muñoz recurre a la venta de suelo público. Ya lo hizo en Nueva Andalucía y en la zona sur de San Pedro, en una estrategia de cortoplacismo económico que solo beneficia a unos pocos y perjudica a la mayoría«, criticó Osorio.
El edil ha señalado que OSP tenía previsto destinar esta parcela a la construcción de viviendas asequibles en alquiler, facilitando así el acceso a la vivienda a los jóvenes y familias con menos recursos. Sin embargo, la prioridad del equipo de gobierno parece ser otra.
Además, Osorio ha denunciado que las viviendas de protección oficial promovidas por el Ayuntamiento generan falsas esperanzas entre los ciudadanos, ya que, al sumarse los sobrecostes derivados de la venta de suelo público, la mayoría de los solicitantes no pueden afrontar la inversión.
«Es indignante ver cómo se les hace creer a los jóvenes que tendrán acceso a una vivienda cuando, en realidad, las condiciones económicas impuestas por el Ayuntamiento les impiden siquiera optar a ellas», afirmó.
Desde OSP exigen a Muñoz que reconsidere la venta de la parcela y que apueste por una política de vivienda social que realmente atienda las necesidades de la ciudadanía. Mientras tanto, la gestión económica del Ayuntamiento sigue sumida en la controversia, con decisiones que favorecen a unos pocos a costa del derecho a la vivienda de muchos.