Trapiche del Prado: una historia inacabada. Por Lucía Prieto

Tras treinta años de agonía, los fondos europeos para la ejecución de la EDUSI darán nueva vida a este bien patrimonial. Su aciago destino cambió cuando a finales de 2018, Marbella fue agraciada con la adjudicación de quince millones de euros y una parte fue destinada a su rehabilitación. La adjudicación ha sido acompañada de una campaña mediática centrada en la recuperación del patrimonio histórico: Hospital de la Trinidad, Alcazaba y Basílica de Vega del Mar. Sin embargo, la alcaldesa asocia ese proyecto patrimonial a una actuación que no es el objeto de los fondos: una residencia pública en el Trapiche del Prado que insiste debe construir «de una vez por todas» la Junta de Andalucía (Marbella Directo, 14-05-2018). No se entiende porque entonces, la subvención se otorga a Marbella y no a la Junta.

Los fondos europeos de desarrollo regional (FEDER) se incorporan, pues, al instrumental habitual utilizado en la batalla política del PP contra la administración autonómica cuando gobernaba el PSOE. Durante diez años, la alcaldesa de Marbella ha sostenido que la Junta de Andalucía ha obstaculizado la construcción de un geriátrico en el Trapiche del Prado, situado en una parcela que en 1991 fue donada al municipio. Entre 1991 y 2009, la antigua fábrica de azúcar, proyectada en 1644, fue convertida en caballerizas. Durante esos dieciocho años, el legado de Mateo Álvarez fue salvajemente ultrajado. Pero bajo el gilismo ni el PP ni la familia del donante se pronunciaron sobre la barbarie. Después esas voces se alzaron contra la Junta de Andalucía y el maltratado edificio se convirtió en munición.

Desde el comienzo de su gestión municipal en 2008, el PP asumió la construcción en la parcela de una residencia de mayores. Tras la firma de un convenio con la Consejería de Igualdad y Bienestar Social el proyecto fue adjudicado al grupo Sanyres (2009), pero no salió adelante. Ni el ayuntamiento ni la alcaldesa eran culpables del fracaso. Pero de aquella frustración surgió el casus belli de una batalla política cuya primera víctima ha sido el patrimonio histórico. Cuando Sanyres abandonó el proyecto en 2010, el Ayuntamiento abandonó el Trapiche.

Para entonces, el estudio histórico y, sobre todo, el arqueológico revelaron una realidad desconocida: el Trapiche conservaba todos los registros de la actividad azucarera en su etapa preindustrial. Según los informes arqueológicos, el inmueble era un referente ineludible para los estudios de la arqueología del azúcar. El edificio tenía que ser dinamizado desde un punto de vista cultural. Se proponía la implementación de un dispositivo didáctico que diera a conocer de forma divulgativa la naturaleza de un bien patrimonial que es, en opinión de la experta María Cullell (El paisaje cultural del azúcar…), el único establecimiento conservado en el litoral azucarero andaluz y único también en Europa.

En 2009, el Ayuntamiento debió seguir las recomendaciones de Arqueosur: acotar el yacimiento, proteger los muros que emergieron arrogantes tras la intervención arqueológica e instalar paneles que explicaran la funcionalidad de los elementos descubiertos. Pero en lugar de mantener y conservar lo que había salido a la luz, se dejó a expensas de la maleza, del maltrato y del expolio ¿Por qué una actuación tan insensible? Parece que el objetivo era rentabilizar económicamente la donación y vender políticamente un proyecto de supuesta naturaleza social. De ambas actuaciones se obtiene dinero y votos, de la recuperación de un bien patrimonial ni lo uno ni lo otro. El Ayuntamiento procuró invisibilizar la importancia histórica del Trapiche del Prado reservándolo para la siguiente oferta, quedó completamente excluido de la política cultural. Pero como en todas las causas perversas era necesaria la creación de un enemigo exterior que justifique el daño que el poder causa a los suyos.

La ofensiva del gobierno municipal contra la Junta de Andalucía se caracterizó por el personalismo. El asunto de la residencia se asoció a la adhesión política, más, incluso que al PP, a la alcaldesa. Profesionales y técnicos que estaban en posición de proponer actuaciones de protección y divulgación del Patrimonio se inhibieron e incluso algún cultureta proclamó desde su altura intelectual que aquello eran piedras, solo piedras. En los centros de mayores, los palmeros de turno –conducidos como cuando Julián Muñoz los llamaba a manifestarse contra la guerra de Irak— recogían firmas bajo el argumento de que la Junta de Andalucía tenía la obligación de hacer realidad el proyecto que Álvarez había confiado al Ayuntamiento.

El Trapiche no se resignó al olvido. No se resignó a que después de que la arqueología le diera luz, volvieran a cegarse las bocas de sus hornos; a que cayera el «soleadero» del que habían colgado como lagrimas de barro las formas del azúcar; a que desaparecieran sus caballerizas; a que su acueducto fuera solo una cicatriz en la falda de Sierra Blanca.

En abril de 2011, Catalina Urbaneja, presidenta de la Asociación Cilniana, solicitó la declaración Bien de Interés Cultural (BIC) para el Trapiche del Prado, así como su inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA). En octubre de 2011, apareció otra empresa interesada en el geriátrico y, como la primera, desapareció. El Pleno de 25 de mayo de 2012, a propuesta del PP, acordó presentar una proposición no de Ley ante el Parlamento de Andalucía que declaraseBIC a los tres trapiches del municipio. Fue votada favorablemente por PSOE, IU y PP (BOPA, 19-09-2012). Sin embargo, el PSOE solicitó la inclusión de los tres inmuebles en el CGPHA entre tanto se resolviera el expediente de declaración de BIC. A esta propuesta, rechazada por IU, también se opuso el PP con el argumento de que ralentizaría la tramitación BIC «para estudiar el estado de cada inmueble de manera individualizada» (Sur, 06-09-2012). Algo solo explicable como estrategia dilatoria que retrasaría la resolución de la solicitud de Cilniana. Tanto que el Pleno de 31 de mayo de 2013 aprobó una modificación puntual del régimen de protección que el PGOU 2010 garantizaba al Trapiche (Nivel 2). Con esa modificación la protección desaparecería y se podría levantar otro edificio en la parcela. Pero, el 25 de junio de 2013, la Junta de Andalucía accedió a la petición de Cilniana. El Trapiche quedó incluido en el CGPHA y el inmueble blindado por una protección mayor de la que el Pleno le intentó quitar. El concejal de urbanismo acusó a la Junta de «deslealtad institucional» (Sur, 27-03-2014). Por deslealtad se entendía la aplicación de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía.

Durante siete años el gobierno del PP obvió la importancia histórica y patrimonial del Trapiche defendida por arqueólogos, historiadores e investigadores de varias universidades andaluzas, expertos en arqueología industrial y decenas de docentes; intentó retrasar la resolución del expediente solicitado por Cilniana y modificó su propio plan de ordenamiento urbano para convertir en edificable una parcela pública que hasta ese momento solo había interesado a empresas sanitarias privadas.

La llegada a la alcaldía de José Bernal (junio 2015) cambió la política con respecto al Trapiche. El alcalde admitió sin reservas la dificultad de construir la residencia, inclinándose por el objeto patrimonial. Pero las sentencias del Tribunal Supremo de 27 y 28 de octubre de 2015, supuso un nuevo punto de inflexión al anular el PGOU 2010. Quedaba vigente el de 1986 que abría la posibilidad de construir en la parcela. Entonces se constituyó una plataforma ciudadana (abril 2016) con el objetivo de solicitar al nuevo alcalde medidas de protección para el bien catalogado.

El nuevo equipo acogió las demandas porque eran asumibles y afectaban exclusivamente a los aspectos patrimoniales que se habían sacrificado sin piedad al proyecto de la residencia. Se resumían en la aplicación de medidas de protección a un bien patrimonial en riesgo de desaparición, tras el abandono de los últimos siete años. La entonces responsable de Cultura, Gema Midón, encargó a la empresa Arqueosur y al arquitecto Rafael Pozo una propuesta de ejecución de trabajos previos a la redacción de una ficha diagnóstica, determinante para valorar la situación del inmueble (mayo 2016). Ese fue el punto de partida de un proceso que estaba en marcha cuando, tras la moción de censura contra el alcalde socialista (agosto 2017), el PP recobró el gobierno municipal. Los fondos europeos terminarían por allanar el camino. En agosto de 2018 se licitaron las obras de trabajos previos (Expediente OB 82/18 GENMAR 1765), finalizadas en febrero de 2019.

La valoración técnica del estado del edificio realizada en la Memoria Justificativa de la intervención era devastadora (EXP. OBRAS: PR-123/15-OBR.1): los muros estaban a punto de caer; la vegetación invadía el interior del inmueble; la hierba ocultaba el pavimento original que se conserva en algunos sectores y las plantas superiores son inaccesibles. Las conclusiones del documento respondían a lo que la Plataforma había solicitado: vallado y desbroce de la parcela y estabilización de los restos más amenazados. Otro de los informes técnicos de la Delegación Municipal de Obras e Infraestructuras contiene de forma explícita como deben ser las actuaciones sobre el Trapiche del Prado si quieren atenerse al marco legal:

«Esta vuelta al PGOU 1986 no altera en lo más mínimo la protección cultural que recae sobre el inmueble, ya que su condición de Bien de Catalogación General emanada de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía y prevalece sobre las disposiciones incluidas en los instrumentos de planeamiento general de ámbito municipal» (EXP. OBRAS: PR-123/15-OBR.1).

Se equivocaban por tanto quienes pensaban que las sentencias del Tribunal Supremo de 2015 dejaban sin protección a la parcela como ha venido intentando el PP en sus anteriores mandatos. La vuelta al PGOU 1986 ha impulsado también otras propuestas que contemplan la construcción del geriátrico y el mantenimiento del uso cultural del Trapiche. Pero también, sin pudor, expertos urbanistas han manifestado que el Plan de los ochenta facilita la rentabilización económica del geriátrico. Es una línea de pensamiento peligrosa y dura, acorde con la ideología neoliberal que prima el interés económico –no social— sobre el cultural y comunitario. Una postura incompatible con los estatutos de Cilniana y con la actuación que durante dos décadas ha mantenido la asociación al defender el Patrimonio Histórico de la especulación urbanística. Ese espíritu inspira igualmente el activismo de Marbella Activa. Sus representantes en la Plataforma en Defensa y Mantenimiento del Trapiche del Prado: Javier Lima y Fabiola Mora han defendido, junto a Javier Soto y Catalina Urbaneja de Cilniana, la recuperación integral de un yacimiento clave para el conocimiento de una actividad económica fundamental en la historia de Andalucía durante los siglos XVII y XVIII.

Las anteriores expectativas son ampliamente superadas en la proyectada rehabilitación del Trapiche que se exige como condición determinante para la apertura del centro gerontológico.

La memoria del «Anteproyecto de rehabilitación del Trapiche del Prado» contempla prioritariamente la recuperación de: el acueducto, las cubiertas y forjados de madera, la «molienda de sangre». Se mantienen estructuras del siglo XIX, como los llamativos arcos ojivales que miran al sur.

La realización de este milagro solo será posible por la naturaleza de los fondos FEDER. El patrimonio que tanto desprecio ha padecido es ahora la herramienta que necesita el proyecto del geriátrico –que ya se verá si será público o no—. Y, por tanto, el discurso del poder ha cambiado. Ahora junto a la directora general de Cultura –quien siempre ha defendido el uso cultural del Trapiche— se ha referido, por fin, la alcaldesa al Trapiche como un edificio emblemático que acogerá un centro de interpretación.

No tiene mayor importancia la debilidad explicativa con la que se aborda el tema –el Trapiche ni es BIC, ni se construyó en 1640—. Pero revela que el asunto patrimonial importa tan poco que la campaña propagandística no parece haber contado con el consejo de asesores o personal de plantilla –de altísima cualificación y compromiso profesional—.

El bombardeo mediático que viene acompañando a la concesión de la ayuda FEDER debe estar apoyado en un discurso más didáctico que haga inteligible el conjunto de declaraciones confusas y contradictorias que se vienen dando sobre el Trapiche del Prado. ¿De qué se habla cuando se refieren a un centro de interpretación? Las referencias a la residencia apuntan a que el Trapiche se concibe como un anexo para los espacios comunes que el geriátrico no puede albergar. ¿Es esto último compatible con el uso museístico que también se pretende dar al edificio? De forma paralela, a la campaña de propaganda deben diseñarse actividades que expliquen a la ciudadanía la naturaleza de ese bien patrimonial; se deben registrar, dar a conocer y poner a disposición de los investigadores que lo soliciten las copias del Fondo de la Inquisición digitalizadas en el Archivo Histórico Provincial de Granada e impulsar iniciativas para su estudio y su divulgación.

Sin pedagogía no hay conocimiento. La Historia y la Arqueología pretenden enseñar y dar a conocer. La información, cuando es propaganda política, busca a golpes de efecto simplemente deslumbrar. Y el deslumbramiento ciega.